Es una realidad que, en España, el tejido productivo está constituido en un 99% por las pyme y los trabajadores autónomos, pero también es cierto que tienen una mayor debilidad estructural con respecto a las empresas de mayor tamaño (menor productividad, baja inversión, baja digitalización, menor capacidad de respuesta ante crisis graves como la acaecida por el Covid-19) así como las dificultades para poder acceder a fuentes de financiación.
Es por ello que se ha impulsado esta Ley que pretender dinamizar el tejido empresarial, aprovechando las oportunidades que ofrecen las reformas e inversiones que se han puesto en marcha a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (Ley18/2022 de 28 de septiembre).
Esta ley de creación y crecimiento de empresas, pivota sobre tres ejes principalmente:
- Reducción de la morosidad: se establecerán mecanismos de control para que, aquellas empresas que incumplan con los plazos de pago estipulados, sean sancionadas (llegando incluso a perder el derecho a convocatoria de subvenciones o concursos públicos). Dentro de este apartado destacar la implantación de la facturación electrónica entre empresas privadas (pymes y autónomos deberán emitir facturas electrónicas cuando se presten servicios o compra-venta de bienes).
- Agilizar la creación de empresas, simplificando los trámites de constitución y rebajando el capital social mínimo a suscribir (por ejemplo, se podrá constituir una sociedad limitada con un capital mínimo de un euro. En próximos artículos explicaremos esta medida).
- Mejora del acceso a la financiación: fomentando las plataformas de financiación participativa entre otras medidas.
En próximos artículos, expondremos los cambios más significativos de cada punto y explicaremos de manera clara, como afectan los mismos al día a día de los autónomos y Pymes.
